La nueva ley de Formación Profesional ha recibido el apoyo de la mayoría del Senado. Así, pese al rechazo del Partido Popular, la ley entrará en vigor gracias al apoyo de PSOE, Ciudadanos, Compromís, PRC, el grupo Izquierda Confederal y PNV. Se han abstenido Vox y ERC.
La nueva Ley, que consolida la FP dual, establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).
Cinco grados de competencia
El grado A conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia; el B implicará la obtención del certificado de competencia profesional referido a un módulo profesional; el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional; el D se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional; y en el grado E se integrarán los cursos de especialización.
Pero la principal novedad es que la FP será dual, es decir, se compatibilizarán los estudios con las prácticas en empresas. En concreto, toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, mientras que los grados A, B y E podrán o no tener dicho carácter dual, en función de las características de cada formación.
FP Dual: genérica o intensiva
Esta formación profesional dual será de dos tipos: genérica o intensiva. Será FP dual genérica cuando la duración de la formación en la empresa sea de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación y cuando la participación de la empresa en el currículo no supere el 20%. Además, no podrá haber contrato de formación en la empresa.
La modalidad intensiva será aquella en la que la formación en el centro de formación profesional se alterne con la formación en la empresa, siendo esta última retribuida en el marco de un contrato de formación «de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral correspondiente». En este tipo de formación intensiva, las prácticas tendrán que ser superiores al 35% de la duración total de la formación; la empresa participará en más del 30% de los contenidos.
Asimismo, el proyecto contempla que las Administraciones públicas deberán «establecer y mantener una oferta pública, tanto presencial como virtual o mixta que garantice el acceso a la formación profesional».
Profesorado técnico de FP
La nueva Ley incluirá la creación de un nuevo cuerpo docente, denominado ‘Profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional’, que estará englobado en el grupo funcionarial A2 y en el que estarán incluidas 10 especialidades.
De este modo, el Gobierno da cabida en el sistema a los profesores técnicos de FP que no cuentan con título universitario, ya que este cuerpo docente pasará a integrarse en el cuerpo de docentes de Secundaria, para cuyo acceso es requisito tener titulación universitaria, y no todos ellos la tienen.
Hasta ahora, las 54 especialidades docentes de Formación Profesional estaban divididas en dos cuerpos: 25 especialidades que pertenecían al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (grupo funcionarial A1) y 29 que pertenecían al cuerpo de profesores técnicos (grupo funcionarial A2).
El PSOE defiende la ley
Al Pleno del Senado ha asistido la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, que ha tomado la palabra tras los turnos de portavoces.
Alegría ha señalado que esta ley es una «ley estratégica y un proyecto de país». «Nuestro país tenía una deuda histórica con la Formación Profesional; la aprobación futura de esta ley va a en el buen camino», ha manifestado. Recuerda que esta norma posibilitará «una formación de calidad» que permitirá a los estudiantes acceder a «un futuro empleo digno y bien remunerado».
La ministra ha concluido su intervención afeando al PP que no haya votado a favor de la ley, aprovechado así la «oportunidad» de tener un «gesto positivo». «Solo existe un PP, el de la negación y la crispación», ha dicho.
Desde el PSOE, Saturnina Santana ha defendido que esta Ley pretende «mejorar la vida laboral y personal de cada persona que quiera formarse» porque supone un «salto de gigante» en el modelo de la Formación Profesional, que hasta ahora era considerada «de segundo nivel». Mientras, la senadora Eva María Granados ha asegurado que esta ley nace «fruto del consenso» externo a las Cámaras legislativas.
PP y Vox, los menos convencidos
Por su parte, la senadora ‘popular’, María Paloma Adrados, ha lamentado que «el proyecto es muy mejorable». Reprocha a los partidos de Gobierno que no hayan admitido ninguna de las enmiendas presentadas y de realizar un «máster en ninguneo» hacia el Senado. Así, ha acusado a estos de tener «soberbia» y de apoyar una ley «cargada de ideología» cuando se trataba, a su juicio, de un proyecto de carácter más «técnico».
También en contra se ha posicionado Vox. Su senador, José Manuel Marín Gascón, ha vuelto a insistir en la eliminación de las referencias al lenguaje inclusivo en la ley y lo que su grupo considera «ideología de género», al tiempo que ha mostrado su preocupación por la situación de aquellos profesores técnicos de FP que no cuentan con titulación universitaria. Marín Gascón, no obstante, considera que una nueva norma sobre la FP es «necesaria» y, por tanto, ha anunciado la abstención de su grupo.
Agente sociales y centros lo celebran
Sindicatos, centros de formación y empresas celebran que el Senado haya aprobado de manera definitiva esta nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.
Desde CSIF, su responsable de Educación, Mario Gutiérrez, ha resaltado que la ley supone una «dignificación» de la Formación Profesional. Aun así, destaca una parte «negativa» del proyecto, que es que «se especializa demasiado en la empresa, obviando esa parte formal, teórica, en centros y necesaria para una mayor adaptabilidad de los alumnos en el futuro del empleo en la rama de la FP que están estudiando».
Mientras, CCOO sostiene que la ley habría tenido «margen de mejora» si se hubieran incorporado las enmiendas relacionadas con los derechos del alumnado, el profesorado y los trabajadores de las empresas donde se realizan las estancias formativas, y con la modificación de algunos apartados que desplazan la formación del centro educativo a la empresa sin las mismas garantías formativas.
Por parte de los centros, Luis García, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional (FPEmpresa), valora positivamente la nueva Ley, ya que entiende que «puede ayudar a reforzar e integrar los subsistemas de FP, los iniciales de educación como de empleo».
También es importante, en su opinión, la relevancia que se le da a la acreditación laboral de las competencias, así como el concepto de FP dual, que permitirá una «mayor participación de las empresas». «Esperamos que los desarrollos normativos apoyen esta formación y que haya una fuerte inversión económica para poder llevar a cabo las intenciones de la ley», ha señalado.
Falta consenso
No obstante, la Asociación RED de Profesorado Técnico de Formación Profesional (RED-PT-FP) se opone a esta nueva ley. «Nace sin el consenso necesario de una gran parte de su profesorado, del sindicato con la mayor representatividad del sector educativo, ni del sindicato de estudiantes, ni de la totalidad de los partidos políticos», exponen.
También desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se valora positivamente el texto, ya que, según señala su director de Educación y Formación, Juan Carlos Tejeda, recoge «propuestas que históricamente se vienen trasladando desde el ámbito empresarial para acercar aún más la FP a las necesidades del tejido productivo, como son una mayor participación de los interlocutores sociales en su Gobernanza estratégica y ejecutiva del sistema; el impulso del carácter dual de la FP; o la vinculación de los centros de formación con las empresas».
Tejeda también celebra que se recogen otras cuestiones como son el impulso a las microformaciones mediante acreditaciones parciales; la revisión del actual modelo de orientación profesional; la promoción de la innovación y el emprendimiento en esta modalidad formativa; su internacionalización e interrelación con el sistema universitario; el impulso del bilingüismo y de las dobles titulaciones; o la mejora de la colaboración público-privada.
No obstante, asegura que hay cuestiones que «no quedan adecuadamente resueltas por la norma», como son la integración de la FP en un único sistema o el carácter dual que tendrá toda la FP. En el caso de la obligatoriedad de concretar la relación entre la persona en formación y la empresa únicamente mediante un contrato laboral de formación en la FP intensiva, dificultará la incorporación de empresas y Administraciones a esta modalidad dual.
