El bono joven del alquiler aprobado por el Gobierno entra en vigor el 1 de enero de 2022. En concreto, podrán pedir esta ayuda cada uno de los jóvenes que comparta una misma vivienda, siempre que tengan entre 18 y 35 años y cobren un salario inferior a tres veces el IPREM, que se situará en 579 euros el próximo año. Esto es, la cobrarán los jóvenes que no ingresen mas de 23.725 euros al año.
Este bono joven del alquiler llega para intentar poner solución a un problema palpable: a finales de 2020, solo un 15,8% de los jóvenes entre 16 y 29 años estaban emancipados, la peor cifra desde 1999. Aun así, los jóvenes afirman que la medida es un parche, y prefieren políticas estructurales.
La pandemia ha hecho que la tasa de emancipación baje tres puntos en tan solo un año y ha agravado el problema del acceso de los jóvenes a la vivienda en España, el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE con un 38,8% de paro entre los menores de 25 y que se agrava con cuestiones como la temporalidad y la precariedad.
Según anunció el presidente Pedro Sánchez, la ayuda del alquiler ascenderá a 250 euros mensuales durante dos años. La medida busca, entre otras cosas, acercar la edad media de emancipación en España, actualmente en los 29 años, a los datos europeos, donde el promedio en la que los jóvenes abandonan sus hogares familiares se sitúa en los 26.
Hacen falta otras políticas
«Entendemos que es necesario priorizar otro tipo de políticas como la creación del parque público de vivienda», explica Adrià Junyent, vicepresidente socieconómico y de comunicación del Consejo de la Juventud de España (CJE), que advierte además del «efecto perverso» que puede provocar esta medida al permitir la posibilidad de que los propietarios puedan subir aún más los precios.
Junyent critica que este bono joven del alquiler «sirve para financiar los beneficios de los arrendatarios» y hace referencia a un estudio que afirma que «por cada euro que se da a los inquilinos, los alquileres suben 78 céntimos».
Desde el CJE consideran necesario que, además de abordar el problema de los alquileres, se ponga el foco en el empleo joven con «leyes concretas» que combatan «el uso exagerado del contrato de obra y servicio» y traten de revertir «las consecuencias de la reforma laboral del PP».
Precariedad laboral + alto precio del alquiler
La precariedad laboral y los precios del alquiler son dos de las preocupaciones de los jóvenes, como Antonio, de 22 años, que trabaja como telefonista a la vez que estudia.
Según ha contado a EFE, dedica un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler de un piso que comparte con tres personas en Madrid, algo parecido a lo que le sucede a María, que una vez finalizados sus estudios y con un contrato de trabajo tiene que dedicar el 35% de su sueldo a pagar su habitación.
Admiten que todavía no tienen mucha información pero que les preocupa cuándo entrará en vigor, si la ayuda será individual para cada uno de los inquilinos de un piso o si la medida servirá para que Hacienda les «cruja por otro lado».
«Creo que más que darnos 250 euros al mes deberían preocuparse en que los jóvenes no estén cobrando una miseria por jornadas de 40 horas», se queja María.
Chrisbel comparte piso en Tenerife y admite que el importe de la ayuda le sería suficiente para pagar su habitación, pero es consciente de que esto no es así en otras ciudades, por lo que considera injusto que «no sea más proporcional».
Casi un 30% del salario si se comparte piso; un 92% si no
A finales de 2020 casi un 60% de los jóvenes entre 16 y 29 años que residían en una vivienda independiente lo hacía de alquiler, lo que supone de media destinar un 92% del sueldo para aquellos que viven solos y casi un 30% para los que comparten piso.
Guillermo, de Barcelona, es uno de los pocos jóvenes que a sus 27 años ya está pagando una hipoteca, sin embargo cree que «el precio del alquiler es desorbitado en las grandes ciudades» y que es necesario regularlo.
El portavoz del CJE considera que la Ley de Vivienda anunciada por el Ejecutivo «tendrá muy poco efecto» y admite no entender por qué «una persona individual con 200 viviendas no estará obligada a regular el precio del alquiler».
Junyent también ha respondido al líder del PP, Pablo Casado, que ha asegurado que los jóvenes pueden acceder a un alquiler si tienen trabajo y nómina.
Según datos del CEJ, el 20% de los jóvenes que trabaja siguen en riesgo de pobreza y exclusión social, porque el salario medio es de 11.634 euros al año, lo que supone unos 970 euros al mes.
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