Los educadores sociales reclaman que la «Ley Rhodes» reconozca su papel esencial en los centros educativos. Lo han hecho a través de su Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), que ejercerá el Derecho de Petición del Artículo 29 de la Constitución. Solicitan que sus funciones no sean «usurpadas» por la nueva figura del coordinador de bienestar y protección definido en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, bautizada como ‘Ley Rhodes’ -por el pianista británico víctima de abusos sexuales cuando era un niño-, que el Gobierno aprobó el día 9 de junio.
“El Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES) pide que la figura de “coordinador o coordinadora de bienestar y protección” que contempla la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia sea asumida por profesionales de la educación social», explica Lourdes Menacho, presidenta del CGCEES. Menacho reconoce que se enteraron de que pronto se aprobaría la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia a través de los medios de comunicación. Desde el Consejo lamentan que su opinión no haya sido tenida en cuenta. Se duelen de no haber podido revisar el texto antes de ser aprobado y tienen una petición firme: que la figura contemplada en la ley de “coordinador o coordinadora de bienestar y protección” sea asumida por educadores y educadoras sociales.
‘Ley Rhodes’ o de Violencia contra la infancia
La ley, que implica un coste para el Estado de 75 millones al año, llega en un momento especial. Las principales entidades que protegen la infancia están detectando que el maltrato infantil se ha acrecentado con el confinamiento. En esta pandemia, muchos niños y sus madres se han encerrado con su maltratador. Al mismo tiempo, las principales redes de detección, colegios y centros de salud, están cerrados.
La nueva norma establece que en todos los centros educativos, sanitarios, de ocio o deportivos se establezcan protocolos de detección y actuación. Asimismo, en los colegios se creará la figura del coordinador de bienestar. Este es el papel que los Educadores y Educadoras Sociales reclaman.
Hasta 45 años para denunciar
Además, todos los ciudadanos tendrán el deber de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores. Asimismo se amplían los plazos de prescripción. En la actualidad, la caducidad empezaba a contar cuando el afectado cumplía 18 años. Los expertos siempre han explicado que se trataba de un tiempo demasiado corto para muchas víctimas. La «Ley Rhodes» eleva el plazo hasta los 30 años, de forma que en los delitos más graves se dispondrá de hasta 45 años para denunciar.
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