La reválida que entra en vigor en 2017 será muy similar a la actual prueba de acceso y aunque el ministerio de Educación determinará el marco legal, diseño y contenido de la prueba, serán las comunidades autónomas quienes desarrollen los exámenes, las preguntas y las fechas de celebración. Asimismo, los rectores se muestran contrarios a realizar una prueba de acceso específica en cada universidad y apuestan por no romper el distrito único.
La nueva prueba final de Bachillerato, que comenzará a aplicarse a partir del próximo curso 2016-17, en lugar de la Selectividad, tendrá un formato similar a ésta y no incluirá preguntas test como estaba previsto en un primer borrador sobre esta evaluación, con la que también se podrán alcanzar 14 puntos.
Así lo anunció a finales de abril el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE), Segundo Píriz, quienes el pasado mes de marzo acordaron crear una comisión mixta para perfilar esta nueva prueba fijada en la Lomce.
Méndez de Vigo ha explicado que se han acordado las características de la nueva prueba y será Educación quien determinará el marco legal, diseño y contenido de la prueba sobre asignaturas troncales -cinco materias-, dos opcionales y una específica, a elección estas tres últimas de los estudiantes. Y las comunidades autónomas desarrollarán los exámenes, preguntas y fechas.
El 60% de la nota de los dos cursos de bachillerato se sumará al 40% del resultado de esta nueva prueba que fija la conocida como Ley Wert. Píriz ha comentado que la CRUE está en la línea de que las universidades no hagan a su vez otra prueba de acceso, como permite la Lomce, aunque todavía no han abordado en profundidad este tema. No obstante, Píriz ha reconocido que una de las cosas que más “preocupaban” a los rectores era no romper el “distrito único universitario” (que valgan las mismas notas para todas las universidades) y “favorecer a todos los estudiantes” porque cree que “no tenía sentido” que un alumno tuviera que hacer exámenes en distintas universidades para después elegir en cuál entrar. Ello conllevaría una cierta segregación porque “no todos los estudiantes pueden desplazarse a varios lugares para hacer varias pruebas”, argumenta Píriz.
El hecho de que la prueba que haga un alumno en su ciudad y la nota que saque le sirvan para desplazarse por todo el sistema universitario es “una buena noticia”, ha añadido el también rector de la Universidad de Extremadura.
El ministro ha anunciado a su vez que próximamente convocará una Conferencia Sectorial para tratar este tema con las autonomías (el acuerdo será la base de un real decreto que regulará la prueba a partir del próximo año). Aun así, Méndez de Vigo ha hablado de “seguridad y marco homogéneo” en cuanto a esta prueba que deberán realizar el próximo curso los cerca de 400.000 alumnos que terminen segundo de Bachillerato.
Un año ‘de prueba’
Ministerio y rectores han acordado que la prueba del curso 2016-17 valdrá para acceder a la Universidad, pero no tendrá efectos para conseguir el título de Bachiller, como sí ocurrirá en los cursos siguientes, es decir, el resultado no será vinculante. “Las universidades queremos simplificar al máximo, ponérselo fácil al alumno” porque “ya han vivido tiempos de incertidumbre”, ha comentado, por su parte, Ángela Barrios, secretaria ejecutiva de CRUE Asuntos Estudiantiles y vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid.
Barrios ha añadido que con el acuerdo anunciado “se ha intentado encajar la PAU dentro de la legalidad”. Además, ha explicado que Educación y CRUE llevan más de dos años tratando este tema y que, a raíz de que los rectores pidieran una demora de la nueva prueba final de Bachillerato, que se les denegó porque venía establecido en la Lomce, que es una ley orgánica, se ha avanzado más en el acuerdo. También Barrios ha comentado que el Ministerio quiere recopilar datos para ver si hay “variables sociodemográficas” que influyen a la hora de hacer la prueba, pero que es un tema que no está cerrado.
Por otra parte, las nuevas pruebas serán aplicadas por profesores del sistema público español y los equipos directivos y el profesorado de los centros participarán en su realización, ha añadido Educación en una nota. El real decreto de la nueva prueba también regulará el acceso desde la FP y resolverá situaciones transitorias para los estudiantes del actual sistema. Y el Ministerio fijará las medidas para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda realizar la prueba, facilitando la accesibilidad de estas personas tanto al título como a los estudios universitarios.
