Aunque la situación ha mejorado con el paso de los años, hoy en día todavía quedan barreras arquitectónicas que dificultan el correcto acceso y seguimiento de las clases universitarias a las personas con diversidad funcional. Las oficinas de atención a los estudiantes con discapacidad funcionan en casi todas las universidades, pero la antigüedad de algunos centros y la falta de presupuesto para adaptarlos a la normativa vigente dificultan alcanzar la inclusividad total.
La Universidad es una de las opciones más elegidas por las personas con discapacidad y diversidad funcional al término de la Educación Secundaria. Pero a veces no lo tienen nada fácil. Según un informe publicado por la Universidad de Sevilla el pasado año, a la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a los campus, facultades y aulas, hay que sumar la actitud negativa de algunos profesores hacia estos alumnos. Son los propios estudiantes quienes han denunciado esta situación y reconocen que el profesorado no está demasiado informado sobre la realidad del estudiante con discapacidad y que no profundiza en sus necesidades reales. Igualmente, la metodología docente no está pensada para favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad, además de que denuncian un vacío legal en cuanto a sus derechos, pues aunque existe una normativa que protege a los jóvenes estudiantes con diversidad funcional, muchas veces no se aplica en las aulas y existe gran vacío legal.
Este estudio de la Universidad de Sevilla forma parte del proyecto Barreras, Universidad, Discapacidad y Ayudas (Proyecto BUDA) que analiza las dificultades a las que actualmente se enfrentan este tipo de estudiantes, quienes aseguran que las ciencias experimentales y las ingenierías son las carreras universitarias donde más obstáculos se encuentran.
Universidades de Madrid
Si centramos el análisis exclusivamente en las barreras arquitectónicas que imposibilitan el acceso de los jóvenes con discapacidad a las aulas universitarias, comprobamos que la situación no es mucho mejor. En 2015, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) presentó un amplio estudio en el que analizaba las barreras arquitectónicas encontradas en las principales universidades públicas de la Comunidad de Madrid: la Universidad Complutense, la Politécnica y la Autónoma.
FAMMA trasladó a los rectores de estas tres instituciones una serie de recomendaciones para suprimir estas barreras de las instalaciones, con el fin de favorecer la inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad y/o movilidad reducida. En este sentido, en lo que respecta a la Universidad Autónoma de Madrid, el Gabinete de Accesibilidad Universal de FAMMA elaboró un informe con recomendaciones para mejorar las condiciones de accesibilidad a las instalaciones que esta institución educativa de enseñanza superior tiene en el Campus de Cantoblanco, al norte de la capital, dado que “el espacio público de este campus no cuenta con la necesaria accesibilidad en todos los itinerarios peatonales”, y que las entradas accesibles al edificio denominado ‘Plaza Mayor’ “no están convenientemente señalizadas, por lo que las personas con discapacidad no pueden tomar las opciones adecuadas al transitar por estos espacios públicos de reciente construcción”.
Precisamente, FAMMA incide en que la falta de accesibilidad en este espacio público contraviene las disposiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, dado que se crea una “discriminación indirecta al impedirse a las personas con discapacidad el acceso y uso de un servicio público”.
En concreto, entre los problemas de accesibilidad detectados, y que se trasladaron a los responsables de la UAM, se encuentran: la ausencia de vados accesibles en algunos cruces peatonales, la incorrección en la ejecución de vados accesibles y la ausencia de señalización respecto a las entradas e itinerarios accesibles en el edificio ya mencionado.
Deficiencias en la UPM
En referente a la Universidad Politécnica de Madrid, FAMMA ha tenido constancia de importantes deficiencias de accesibilidad en el recinto de la Piscifactoría de la E.T.S. de Ingenieros de Montes, así como en sus accesos. Además de las instalaciones de la E.T.S. de Ingenieros de Montes, también presentan deficiencias de accesibilidad las instalaciones de la E.T.S.I. de Agrónomos, dado que en el interior existen elementos que “no cumplen con los requisitos de accesibilidad de la normativa actual”, como rampas inadecuadas que pueden crear “situaciones de peligro a las personas con discapacidad”. Los accesos y los vados en su exterior tampoco no cumplen con la normativa y no están “adecuadamente resueltos”. Asimismo, en la E.U.I.T. Agrícola la plaza de estacionamiento para personas de movilidad reducida no está adecuadamente señalizada, además de que no existe “ningún tipo de señalética que indique cuáles son los itinerarios accesibles”.
También se han detectado deficiencias de accesibilidad en la E.T.S. de Arquitectura, dado que la escuela “no cuenta con ninguna entrada accesible desde el espacio público”, en la E.T.S. de Edificación, porque se ha detectado que la plaza de estacionamiento para PMR no está correctamente señalizada, en la E.T.S.I. de Aeronáuticos, al no existir “ningún itinerario peatonal accesible entre el exterior de la parcela y el edificio de la E.T.S.I”, y en la E.T.S.I. de Navales, al no existir ningún itinerario peatonal accesible entre el exterior de la pacerla y el edificio.
En resumen, en FAMMA denuncian que las instalaciones de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en la que se forma a las futuras generaciones de arquitectos, presentan importantes deficiencias de accesibilidad que hacen que el complejo universitario se convierta en un “auténtico laberinto” para las personas con discapacidad y que el acceso a la universidad para el colectivo sea prácticamente inviable.
La Complutense no se libra
Por último, en lo que respecta a la UCM, la Federación ha detectado importantes barreras arquitectónicas en once facultades. La Facultad de Ciencias de la Información, por ejemplo, cuenta con plataformas salvaescaleras abandonadas y estropeadas que se utilizan como tablón de anuncios. En la Facultad de Odontología, no hay forma alguna de que los usuarios con movilidad reducida puedan hacer uso de la plataforma salvaescaleras, al no disponer de un botón pulsador en la parte inferior y las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida no están conectadas con ningún itinerario peatonal accesible. Por último, asimismo, en la Facultad de Geografía e Historia, sin ir más lejos, las rampas exteriores de acceso no cumplen lo establecido normativamente en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y muestran señales de abandono y falta de mantenimiento.
“Pero se está trabajando en solventar todas esas deficiencias”, reconoce María Antonia Durán, trabajadora social de la Universidad Complutense. La Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad de la UCM es una de las más activas de todas las universidades de nuestro país. “El informe de SUMMA nos vino muy bien”, reconoce Durán. “Gracias a él se empezó a trabajar de nuevo el tema de las adaptaciones y aunque algunas deficiencias no van a poder solventarse por la antigüedad de la Universidad, sí que hay alternativas a todas ellas”, explica. Actualmente, “todos los alumnos tienen garantizado poder entrar en las facultades, en las aulas, bibliotecas, cafeterías y baños adaptados, aunque no están en todas las plantas”, afirma.
¿Qué hacen estas oficinas?
Las oficinas universitarias de apoyo a las personas con diversidad funcional se encargan de hacer un seguimiento a las personas que necesitan una ayuda concreta. “La inscripción en esta oficina es voluntaria y no todas las personas con discapacidad se inscriben en ella, solo las que necesitan apoyo”, explica Durán.
Aun así, es preciso destacar que, por ley, todas las personas que acreditan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% tienen derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario. “Pero no todas estas personas necesitan de la ayuda de la oficina”, concreta. “Hacemos entrevistas personales a quienes tienen más dificultades y vemos qué apoyos van a requerir en su paso por la universidad. Contactamos con los profesores y les hacemos un seguimiento, que va desde ordenarles los apuntes a aportarle apoyo psicológico o psicopedagógico”.
Sin embargo, la casi totalidad del presupuesto de estas oficinas se va en contratar a intérpretes de lenguaje de signos para las personas sordas. “El 90% de nuestro presupuesto se va en esto, pues es muy caro. En la UMC, por ejemplo, hemos tenido que limitar a un máximo de 20 horas semanas de interpretación, para ajustar al máximo los recursos”. Aun así, se está invirtiendo en sistemas emisores de frecuencia modulada para las personas con discapacidad auditiva y también se están eliminando las primeras filas de pupitres de las aulas para que puedan colocarse ahí los alumnos que van en silla de ruedas.
Aun así, los recortes de los últimos años están afectando mucho, ya no solo a este tipo de oficinas, sino al mantenimiento de la universidad. “Gracias a una sentencia judicial las universidades públicas están recibiendo parte del dinero que la Comunidad de Madrid recortó por el incumplimiento de los planes de financiación e inversiones de las universidades públicas”. En concreto, a la Complutense llegarán casi 80 millones de euros. A la Politécnica, más de 75 millones. “Ese dinero se invertirá también en la mejora de las infraestructuras para adaptar nuestras universidades a las personas con movilidad reducida o diversidad funcional”, concluye Durán.
Aunque los problemas en cuanto a barreras arquitectónicas son generalizados, se dan especialmente en las universidades más antiguas, pues son las que necesitan de mayor financiación para poder eliminar estos problemas de movilidad. De todas formas, las universidades se han puesto las pilas y casi todas cuentan ya con oficinas destinadas a la mejor inclusión de los estudiantes con diversidad funcional. Además, las denuncias de diferentes colectivos y también de los propios estudiantes han servido para que hoy en día ningún estudiante se quede fuera de las aulas por falta de accesibilidad.
