El acceso a estudios de máster supone un desembolso que muchos estudiantes no pueden costear. Por ello, en 2007 se empezaron a conceder una serie de préstamos emitidos desde organismos oficiales mediante los cuales, los estudiantes que querían optar a cursar un máster podían solicitar un crédito que les ayudara a abonar las tasas universitarias y la manutención durante su duración.
Era conocido como Préstamo Renta Universidad, pero fue eliminado en el curso 2010/2011. ¿Por qué? El Gobierno anunciaba que era un préstamo sin intereses que los estudiantes pueden solicitar si tenían una titulación superior. “La cantidad ayuda a cubrir la matrícula y los gastos personales mientras estudias y no se tiene que empezar a devolver hasta que alcances ingresos suficientes para devolverlo”, asegura todavía su página web. El montante máximo ascendía a 6000 euros para pagar la matrícula y los gastos necesarios, al que podía añadirse una cantidad de 800 euros al mes para cubrir otros gastos, con un límite máximo de 21 mensualidades.
La misma web decía que no tenía que devolverse nada hasta al menos dos años después de haber recibido la ayuda y siempre y cuando la renta del beneficiado superara los 22.000 euros anuales. Si en quince años no se alcanzaba esa cantidad mínima, el préstamo prescribiría y no habría que devolverlo.
Pero, ¿fue siempre así? Es decir, ¿tal y como sigue anunciando su web? No. Y así lo denuncia la Plataforma de Afectados por el Préstamo Renta Universidad. Entre las cuatro convocatorias que se realizaron, 15.623 universitarios accedieron a este tipo de préstamos para realizar estudios de máster o doctorado. Según la Plataforma, “en cada convocatoria la condiciones fueron endureciéndose» hasta que, la última vez que se convocó, se exigía la obligatoriedad de devolución independientemente de la renta anual y aunque el beneficiario sufriera «enfermedad grave». Asimismo, incluía «serios obstáculos» para ir a vivir al extranjero, y una «reducción drástica» del periodo de carencia y amortización, así como un aumento de los intereses del préstamo.
Pese a ello, la organización denuncia que los PRU «se siguieron vendiendo como si fuesen las condiciones originales, cuando éstas ya se habían endurecido drásticamente». A su juicio, «el gobierno anterior pecó de optimismo y endureció las condiciones sin comunicarlas como es debido».
Como consecuencia, en la actualidad, «muchos ex estudiantes no pueden devolver estos préstamos porque, ni tienen trabajo, ni lo encuentran. El paro juvenil supera el 57% y las perspectivas no son nada alentadoras», recuerda.
El perfil de jóvenes que se acogieron a estos préstamos en su día, son hoy profesionales «titulados y especializados». Pese a ello, «la mayoría no han cotizado el tiempo suficiente» por lo que «no tienen prestaciones por desempleo». «Hemos trabajado gratis como becarios, porque sólo nos han contratado en trabajos precarios con sueldos miserables en B, porque nunca hemos podido acceder al mercado laboral y hemos invertido ese tiempo donde nos dijeron que había que emplearlo para labrarse un futuro: estudiando», denuncian los responsables de la plataforma.
Esto provoca que, en «muchos de los casos», los jóvenes que en su día se acogieron a estos préstamos hoy son «insolventes», según la organización: «No tienen ni para comer y sus familias no están en condiciones de soportar la deuda».
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